En España proponen que Ley de Amnistía no se pueda interpretar desde la impunidad para los delitos de lesa humanidad y que el Código Penal incorpore el principio de legalidad.

Las querellas contra los responsables de delitos del franquismo se estrellan en tribunales los que excepcionalmente han judicializado los hechos, siendo el principal escollo la ley de amnistía de 1977 y la supuesta prescripción de los delitos, que organismos internacionales como Naciones Unidas insisten se enmarcan en un contexto de crímenes contra la humanidad, lo que explica las iniciativas que promueven parlamentarios de distintas fuerza políticas que plantean modificaciones legislativas tanto en la ley de amnistía de 1977 como al Código Penal para allanar el camino de la justicia a las víctimas.

Quienes patrocinan las iniciativas sostienen que en 40 años de democracia no se ha podido revertir la situación de impunidad, impropia de un estado democrático y de derecho, por lo que la proposición de ley que busca modificar la norma de amnistía se dirige a explicitar que este texto legal “en ningún caso puede desplegar efectos para impedir la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”.

La propuesta establece en un artículo único a añadir a la ley de amnistía, que “las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos”.