Escriben: “Breves nociones acerca de la Constitución Nacional de Japón y la legislación urbanística”.

En un artículo publicado recientemente, Lionel Cimolai Ríos, académico argentino, analiza la regulación urbanística en Japón.

En primer lugar, el autor analiza la Constitución japonesa, la cual dispone en su Artículo 25: “Todos los ciudadanos tendrán el derecho de mantener un nivel mínimo de vida saludable y cultural. En todos los órdenes de la vida humana, el Estado conducirá sus esfuerzos a la promoción y acrecentamiento del bienestar y la seguridad social y la salud pública”. Este artículo tutela expresamente a la persona en su bienestar y la seguridad social, lo que es similar al artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, debido a que ambos poseen una función tuitiva de las necesidades más primordiales de la persona humana por su simple calidad de tal. A su vez, el Artículo 29 señala: “El derecho de poseer o retener propiedades es inviolable. Los derechos de propiedad serán definidos por la ley en conformidad con el bienestar público. La propiedad privada puede expropiarse con fines de utilidad pública, previa justa compensación”. En este caso, el artículo pone énfasis en un derecho de primera generación (de carácter liberal) por excelencia: la propiedad privada. Y aunque el derecho a la vivienda digna encuadra de manera más acertada en los derechos de segunda generación (de carácter social), ha de observarse que la segunda oración del artículo formula una suerte de vínculo entre el derecho de la propiedad y el bienestar público, librando su reglamentación específica a la ley. Esto da la pauta de la postura protectora de la persona que adopta la Constitución Nacional de Japón al garantizar libertades y derechos en armoniosa simultaneidad.

A continuación, el artículo revisa el sistema de planificación del uso de la tierra urbana en Japón. Este sistema está establecido para lograr un ambiente urbano agradable y crear paisajes urbanos con características significativas. El sistema proporciona un conjunto de reglas, tipos de uso de la tierra, incluyendo el uso residencial, comercial, comercial e industrial. Al respecto, puede observarse diversas medidas para la planificación urbana, que cada gobierno local aplica a las respectivas áreas, en función de las circunstancias de cada una. Así, bajo el sistema de División de Área, un área de planificación urbana se clasifica en Área de Promoción de Urbanización y Área de Control de Urbanización para la inversión pública para el desarrollo infraestructura urbana, tales como caminos, parques y alcantarillado, puede ser para crear un área urbana de alta calidad. A su vez, la Regulación de Zona y Construcción controla el volumen de los edificios, así como su altura, y el uso que de ellos se hace bajo las previsiones de la Ley de Estándares de Construcción. Estos reglamentos están diseñados para evitar una mezcla de edificios utilizados para diferentes propósitos en una zona, y para garantizar el entorno adecuado para el tipo específico de uso de la tierra. Además, cabe mencionar los Sistemas de Incentivos para Proyectos Excelentes, los que han sido pensados con el objeto de erradicar el hacinamiento urbano y promover un uso adecuado de la tierra; por lo cual se favorecen los “proyectos excelentes”, que tienen como objetivo el desarrollo de infraestructuras públicas, viviendas y espacios abiertos. El hecho de que la administración pública y la ley le den el visto bueno a este tipo de emprendimientos, favorece notablemente la participación ciudadana, ya que impulsa a adaptar la creatividad de las ideas a las necesidades de la población. Luego se encuentra el Plan de Distrito, el que es establecido por los municipios de acuerdo con las circunstancias locales. Este Plan muestra no sólo la visión futura del mismo, sino que también provee las regulaciones (Plan de Mejora del Distrito) de uso y construcción, y también muestra características individuales que reflejan las opiniones de la comunidad local.