España no garantizó un juicio justo a magistrados que integraron listas para ser miembros del organismo rector del Poder Judicial, cuya votación fue postergada varias veces por el Parlamento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda que un grupo de jueces dedujo contra el Estado español debido a los impedimentos que experimentaron para optar a un cargo en un organismo judicial de su país. Constató una vulneración del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El caso versa sobre el proceso de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGJ), organismo rector de este poder en España. Si bien en 2018 los demandantes se presentaron como candidatos para integrar el CGJ, desde aquel año el Parlamento, órgano encargado de llevar a cabo el proceso, no ha renovado los nombramientos.

Debido a la situación anterior, los demandantes presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recurrir contra el Parlamento a causa de la demora en el proceso de nombramientos, que debían determinarse a través de una votación. El TC rechazó el recurso por extemporáneo, decisión que fue impugnada por los jueces demandantes en estrados del TEDH. Estimaron que el fallo impugnado fue arbitrario por contravenir el artículo 42 de la Ley núm. 2/1979, que confiere un plazo de 3 meses para entablar estos recursos.