Estados miembros deben valorar el arraigo e integración de residentes provenientes de terceros países, al momento de resolver una orden de arresto emanada por un Estado miembro de la UE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TEDH) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que la posibilidad de denegar la ejecución de una orden de detención europea para que la pena se cumpla en el Estado miembro de residencia también debe aplicarse a los nacionales de Estados terceros.

En 2012, un tribunal de Rumanía emitió una solicitud de orden de detención europea (ODE) contra un ciudadano moldavo residente en Italia, tras condenarlo a 5 años de cárcel por los delitos de fraude fiscal y apropiación indebida. Si bien el tribunal italiano competente acogió la solicitud, su decisión fue anulada en virtud de un recurso de casación deducido por el condenado, que fue acogido por el Tribunal Supremo de Casación.

Esta judicatura remitió el asunto a la Corte de Apelaciones, que a su vez planteó una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, puesto que el condenado había probado poseer arraigo familiar y laboral duradero en Italia. La magistratura constitucional albergó dudas respecto a los alcances de la legislación nacional y comunitaria aplicable al caso, por lo que planteó una cuestión prejudicial al TJUE.