Gobierno canadiense debe indemnizar a tribus indígenas de las Primeras Naciones por incumplir tratado de cesión de tierras.

La Corte Suprema de Canadá dictó su decisión en el caso Ontario (Fiscal General) v. Restoule, dictaminando que la Corona (gobierno) está obligada a negociar y, en caso de no llegar a un acuerdo, compensar a los grupos de las Primeras Naciones indígenas por incumplimiento contractual.

El caso se centró en la interpretación del Tratado Robinson-Huron de 1850, suscrito entre los anishinaabe del lago Hurón y el lago Superior y la Corona británica. En virtud de estos tratados, los anishinaabe cedieron sus tierras a cambio de pagos perpetuos, con la estipulación de que estos umentarían en función del uso productivo de las tierras cedidas. El tratado establecía un límite de pago de aproximadamente $4 dólares canadienses por miembro al año, aunque la Corona tenía la facultad de incrementar estos pagos. Los grupos anishinaabe solicitaron una declaración que obligara a la Corona a aumentar los pagos.

La Corte Suprema sostuvo que, conforme al deber fiduciario de la Corona, esta tiene la obligación de considerar incrementos periódicos en los pagos del tratado. En el derecho canadiense, la doctrina del deber fiduciario de la Corona hacia los grupos de las Primeras Naciones fue examinada por primera vez en el caso Guerin v. The Queen. En dicho caso, la Corte describió el deber fiduciario como una relación «sui generis» que surge del poder discrecional de la Corona. Debido a la discreción del gobierno en asuntos de tierras, la Corte Suprema impone la obligación de «administrar la tierra cedida en nombre de los beneficiarios del tratado». El gobierno debe ejercer su discreción de acuerdo con «el honor de la Corona».