Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Gobierno de Túnez vulneró los derechos fundamentales de sus ciudadanos a causa de decretos presidenciales dictados contra el parlamento del país.
El gobierno tenía la obligación de considerar otras medidas menos restrictivas para hacer frente a la disputa de poderes antes de tomar medidas tan drásticas como la suspensión de las facultades del Parlamento y la limitación de la inmunidad de sus miembros, que fueron elegidos libremente por los ciudadanos.
La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos acogió la demanda deducida contra el gobierno de Túnez, por estimar que los decretos presidenciales dictados contra el parlamento del país atentan contra una serie de derechos fundamentales, al tenor de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.
El demandante es un ciudadano tunecino que demandó al gobierno de su país tras dictar un conjunto de decretos considerados arbitrarios e inconstitucionales. Lo anterior, ya que suspenden la Constitución, labor del parlamento y la inmunidad de los parlamentarios. Además, permiten al ejecutivo implementar “medidas extraordinarias” para garantizar la estabilidad y orden.
En su presentación solicitó a la Corte la dictación de medidas provisionales para garantizar el orden institucional establecido, y la revocación de los decretos impugnados.
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