Italia debe indemnizar a empresas que edificaron sin los permisos correspondientes y a las que aplicó un mecanismo automático de confiscación que vulneró su derecho de propiedad y la presunción de inocencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó las indemnizaciones que el Estado italiano debe pagar tras acreditarse su responsabilidad en tres procesos por confiscación arbitraria. Constató que Italia vulneró el artículo 1 del Protocolo N°1 del Convenio (derecho de propiedad) y los artículos 7 (no hay castigo sin ley) y 6 § 2 (presunción de inocencia) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El caso versa sobre un grupo de 3 empresas y 1 individuo, cuyas propiedades fueron confiscadas por las autoridades en virtud de un mecanismo automático que la legislación italiana prevé cuando se ha edificado en forma ilegal. Si bien sus terrenos y las edificaciones no autorizadas fueron devueltas, su valor de mercado disminuyó considerablemente a causa de la confiscación y de la perdida de condición de suelo edificable.

Los propietarios solicitaron una indemnización en sede judicial por los daños causados a sus construcciones abandonadas y por la pérdida de valor derivada de la prohibición de edificar. No obstante, los tribunales desestimaron su pretensión en todas las instancias, al estimar que estos perjuicios eran esperables, considerando que fueron fruto de una sanción cuyo origen fue un incumplimiento de los demandantes.