Diario Constitucional

España.

Justicia española inicia el proceso para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto.

El Ministro de Justicia de ese país, quiere presentar el texto que permitirá que los fiscales instruyan las causas penales antes de que finalice el año.

Por Redacción·19 de mayo de 2020·2 min de lectura
Justicia española inicia el proceso para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto.
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El Ministerio de Justicia de España ha iniciado hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El ministro Juan Carlos Campo ha ordenado esta mañana la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y ha mantenido una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.

La necesidad de agilizar el proceso penal y la de dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas ha convertido la creación de un nuevo texto en una demanda ampliamente defendida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas. Las líneas generales del nuevo anteproyecto adaptarán nuestro modelo de proceso penal al de la mayoría de los países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías.

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