Los Estados deben garantizar la seguridad de las personas mayores frente a la emergencia climática

En el día internacional de las personas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de la región a disponer medidas de prevención, atención y protección de las personas mayores frente a los fenómenos y desastres naturales provocados por el cambio climático. Ellas son sujetos de derecho y su atención en las políticas climáticas no solo favorece su inclusión social y combate el «edadismo» (la discriminación por edad), sino que es una estrategia necesaria para responder a los impactos negativos y desproporcionados que enfrentan debido a ello.

La emergencia climática ha sido reconocida por la CIDH como una grave amenaza a la vida humana que profundiza vulnerabilidades preexistentes e impacta el ejercicio y el goce de los derechos humanos, y particularmente, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así también, ha señalado que los Estados deben velar porque los impactos del cambio climático, incluidos los desastres socioambientales, no amenacen los derechos a la vida, a la integridad personal y la salud de las personas adultas mayores.

Por su parte, la REDESCA ha documentado los impactos diferenciados de los desastres naturales contra las personas mayores. En casos de inundaciones, se ha puesto en evidencia la falta de refugios adecuados y accesibles, así como limitaciones al acceso e interrupciones de servicios y tratamientos de salud. Asimismo, en casos de incendios, se ha informado del impacto desproporcional de las inhalaciones de humo y la contaminación del aire respecto de esta población, registrándose enfermedades respiratorias, cardiovasculares, además de la falta de agua potable durante estas emergencias.