Normas que regulan la realización de tatuajes no son inconstitucionales pues protegen el interés público al establecer reglas de higiene que tienen preeminencia frente a los derechos de los tatuadores no autorizados.

La Corte Constitucional de Corea del Sur desestimó el recurso de constitucionalidad deducido por un grupo de tatuadores tradicionales que impugnó una serie de normas en materia de salud por no regular la práctica profesional de su actividad. Alegaron omisión legislativa.

Los recurrentes utilizan una técnica especial para tatuar que consiste en pinchar el cuerpo con una aguja para así insertar el pigmento directamente en la piel. Con el fin de lograr el reconocimiento de su trabajo, impugnaron la normativa que regula las actividades que tienen un impacto en materia de salud, pues incurren “(…) en la omisión legislativa de prescribir por ley las calificaciones y requisitos para la práctica profesional de procedimientos de tatuaje por parte de proveedores no médicos”. En su opinión, han vulnerado su libertad de elección ocupacional.

En su análisis de fondo, la Corte observa que la normativa impugnada prescribe que “(…) las personas que no sean proveedores médicos no podrán realizar un acto médico, e incluso el prestador médico no podrá realizar ningún acto médico distinto de los autorizados. En caso contrario, el infractor se arriesga a una pena de al menos 2 años de prisión y a una multa de hasta 10 millones de wones (unos 8.000 dólares).