Organizaciones de abogados acusan al gobierno de Donald Trump de realizar actos intimidatorios contra profesionales del derecho y tribunales internacionales.

Diversas asociaciones jurídicas internacionales y colegios de abogados emitieron una declaración en la que expresaron su preocupación por diversas medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump. En particular, la declaración hace referencia a las sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI), las restricciones impuestas a determinados bufetes de abogados y la revocación de autorizaciones de seguridad a firmas legales que han representado a ciertos clientes.

La declaración subraya la importancia de la independencia de la profesión jurídica y el respeto a las normas internacionales que protegen el ejercicio de la abogacía. En este sentido, se hace mención a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas, que establecen que los profesionales del derecho deben poder ejercer su trabajo sin interferencias ni represalias. En particular, los principios 16 a 21 establecieron salvaguardas específicas, incluyendo el acceso a la información necesaria para la adecuada representación de sus clientes y la garantía de que no serán identificados con las causas que defienden en el ejercicio de su profesión.

En el marco de estas acciones, el gobierno de Trump impuso sanciones al personal de la CPI y a sus familiares, aduciendo que el organismo carece de jurisdicción para investigar a ciudadanos estadounidenses y de países aliados. Esta medida suscitó reacciones de la comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que manifestó su oposición a las sanciones con base en el artículo 70 del Estatuto de Roma.