Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Penalización de la prostitución en Francia no vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, resuelve el TEDH.
Se subraya la importancia de combatir la prostitución y las redes de trata de personas, así como la obligación de los Estados partes de la Convención de proteger a las víctimas. Aceptamos que los objetivos perseguidos por la medida impugnada, a saber, la defensa del orden y la seguridad públicos, la prevención de delitos, así como la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen objetivos legítimos en el sentido del artículo 8 del Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó las demandas interpuestas contra Francia por la penalización de la prostitución y la presunta afectación a la salud física y mental de las trabajadoras sexuales. No constató ninguna violación al artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su decisión adoptada por unanimidad.
Un grupo de 261 personas de diversas nacionalidades que ejercen la prostitución en Francia, junto con varias ONG, denunciaron la ley n° 2016-444 de 2016, que penaliza la compra de servicios sexuales. Adujeron que esta ley, aunque busca combatir el sistema de prostitución y brindar apoyo a las personas que la ejercen, ha deteriorado su situación, poniendo en peligro su integridad física y psicológica, así como su salud. Agregaron que la ley viola sus derechos y libertades constitucionales, incluyendo el derecho al respeto de la vida privada, la autonomía personal y la libertad sexual.
En respuesta a esta denuncia, el Consejo Constitucional estimó que la normativa impugnada no violaba el derecho al respeto de la vida privada ni otros derechos o libertades garantizados por la Constitución, y, por lo tanto, la ley fue declarada conforme a la Constitución. Los demandantes continuaron sosteniendo que la criminalización de la compra de servicios sexuales entre adultos que actúan de forma consentida en un espacio privado, socava gravemente sus derechos y coloca en riesgo su bienestar físico y mental, por lo que demandaron al Estado ante el TEDH.
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