Singapur ejecuta a hombre por tráfico de cannabis pese a condena internacional

Las autoridades penitenciarias de Singapur han programado la ejecución de Omar bin Yacob Bamadhaj, ciudadano de 41 años detenido en 2018 tras ingresar al país con 1.009 gramos de cannabis. El procedimiento se deriva de una sentencia dictada en 2021, tras determinarse su responsabilidad en la importación de sustancias prohibidas a través de la frontera con Malasia. El caso ha generado pronunciamientos oficiales de diversas legaciones extranjeras y organismos internacionales.

El marco jurídico aplicado corresponde a la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas, la cual establece la pena de muerte de carácter obligatorio para quienes introduzcan al territorio más de 500 gramos de cannabis. Durante el proceso judicial, el tribunal calificó el rol del acusado como el de un mensajero. Sin embargo, bajo la legislación vigente, para evitar la pena capital se requiere que la fiscalía acredite una colaboración sustantiva del imputado en la interrupción de actividades de narcotráfico, requisito que el tribunal consideró no cumplido en esta instancia.

En el ámbito diplomático, la Unión Europea y otras misiones internacionales emitieron una declaración conjunta solicitando la suspensión de la ejecución. El documento argumenta la ausencia de pruebas que vinculen la severidad de la pena capital con una mayor eficacia en la disuasión del tráfico de drogas en comparación con las penas de prisión. Asimismo, organizaciones civiles han señalado que la aplicación de la pena obligatoria restringe el arbitrio judicial para considerar circunstancias personales o familiares del condenado.

La defensa apeló a la facultad de clemencia del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, citando como antecedente un indulto concedido en agosto de 2025. En dicho caso, la sentencia de muerte de un condenado por tráfico de metanfetaminas fue conmutada por cadena perpetua tras una recomendación del Gabinete. La familia de Bamadhaj, que reside en Alemania, mantuvo las gestiones ante el Ejecutivo singapurense a la espera de una resolución antes de que expire el plazo fijado para el cumplimiento de la condena. Durante la redacción de este artículo se confirmó la ejecución del acusado, a pesar de los esfuerzos internacionales que buscaban evitar su muerte.

Vea ley antidrogas.