Hong Kong aprueba enmienda a ley de seguridad nacional que permite a la policía acceder a datos privados de sospechosos

La administración de la Región Administrativa Especial de Hong Kong oficializó una serie de enmiendas a la legislación de seguridad nacional destinadas a incrementar las atribuciones de los cuerpos de seguridad en el marco de investigaciones policiales. La actualización del marco normativo habilita formalmente a los agentes ppara requerir a personas sujetas a investigación la entrega de contraseñas de sus dispositivos electrónicos personales y corporativos.

Bajo la nueva normativa, la obligación de revelar credenciales de acceso se extiende incluso a profesionales que operen bajo regímenes de secreto profesional o deberes de confidencialidad, lo que incluye a sectores como la medicina y la abogacía. El incumplimiento de esta disposición se encuentra tipificado como un delito que conlleva penas privativas de libertad de hasta un año, además de sanciones pecuniarias que alcanzan los 100.000 dólares de Hong Kong. En los casos donde se determine la entrega de información falsa o engañosa durante el proceso, la legislación establece una pena máxima de tres años de prisión.

Adicionalmente, las reformas otorgan facultades para instruir la eliminación de mensajes y publicaciones en entornos digitales cuando las autoridades consideren que estas representan un riesgo para la seguridad nacional. El servicio de aduanas también ve ampliadas sus capacidades operativas, permitiéndole la retención o decomiso de activos financieros y bienes materiales vinculados a infracciones de esta naturaleza, así como de objetos que se identifiquen con una intención sediciosa.

Desde la administración de Hong Kong se ha señalado que estas disposiciones guardan armonía con la Ley Fundamental y las disposiciones sobre derechos humanos vigentes en el territorio. Según el comunicado oficial, los tipos penales están delimitados de forma que no afecten a la ciudadanía que actúa dentro del marco legal vigente, asegurando que las medidas son necesarias para el resguardo de la estabilidad institucional.

Por su parte, diversas organizaciones internacionales y académicos en derecho han planteado interrogantes respecto a la compatibilidad de estas medidas con el derecho a la privacidad de las comunicaciones y las garantías del debido proceso. Los análisis externos al gobierno sugieren que la amplitud de las facultades otorgadas y la ausencia de requisitos de autorización judicial previa podrían alterar el equilibrio de derechos fundamentales en la región.

La Ley de Seguridad Nacional, vigente desde mediados de 2020 tras su aprobación por el Parlamento chino, ha sido el instrumento base para diversos procesos judiciales de alto perfil, incluyendo casos contra figuras de los medios de comunicación y participantes en manifestaciones públicas. El gobierno local tiene previsto realizar una comparecencia pública para detallar el alcance técnico y operativo de estas nuevas enmiendas legislativas.

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