Tribunal Constitucional Alemán. El deber de proteger las comunicaciones privadas exige del Estado evitar la injerencia de terceros.

El Tribunal Constitucional alemán resolvió que la protección de las comunicaciones privadas tiene un haz pasivo y otro activo. No sólo da lugar a un derecho defensivo del individuo contra la injerencia del Estado, sino que también exige al Estado proteger a los individuos contra el acceso de terceros a las comunicaciones que están protegidas por dicha figura.

El caso fue planteado por diversas compañías de telecomunicaciones ante una norma generada por la legislación alemana que permite la vigilancia del contenido de ciertas comunicaciones, en el contexto del trabajo preventivo de las policías. Dichos procesos de recopilación de datos se desarrollan mediante softwares de vigilancia que aprovechan vulnerabilidades de los sistemas de información.

Frente a ello las compañías solicitaron que se deje sin efecto la normativa, pues ello habilita el conocimiento de las fallas que presentan los sistemas informáticos, volviéndolos más vulnerables a ataques de terceros y susceptibles de filtraciones de información. Por otra parte, consideran que el Estado debe informar de las brechas en los sistemas a las compañías que los administran.