Diario Constitucional

Deberá ser ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Unión Europea y Mercosur suscriben acuerdo de libre comercio tras largas negociaciones.

Con la finalización de las negociaciones, el texto será sometido a una revisión técnica y legal. Posteriormente, será traducido a los idiomas oficiales de la Unión Europea y presentado al Consejo y al Parlamento Europeo para su consideración y aprobación final. El texto íntegro del acuerdo estará disponible públicamente una vez completados estos trámites legislativos.

Por Redacción·09 de diciembre de 2024·2 min de lectura
imagen: ipsnoticias.net
Referencial

La Unión Europea y el Mercosur suscriben acuerdo de libre comercio que pone fin a décadas de negociaciones. El acuerdo constituye un marco normativo destinado a regular las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas partes. Este instrumento se estructura en dos pilares principales: uno político y de cooperación, y otro relacionado con el comercio, y se ha concluido como resultado de un proceso de negociación que ahora procederá a su revisión legal.

El acuerdo establece disposiciones para la eliminación de aranceles aplicables a productos europeos exportados a los países del Mercosur, con el objetivo de facilitar el comercio entre ambas partes. Asimismo, incluye medidas para garantizar la preferencia comercial en sectores considerados estratégicos, como las tecnologías de energía renovable y los combustibles de bajo carbono. El instrumento también prevé la simplificación de procedimientos administrativos, con énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a fin de promover su acceso a los mercados.

Las partes han incorporado al acuerdo compromisos explícitos con la sostenibilidad, entre los que se destacan la vinculación del tratado con el Acuerdo de París y la implementación de medidas específicas contra la deforestación. Además, se estipulan obligaciones relacionadas con la gestión sostenible de recursos naturales y el respeto a los derechos laborales. El acuerdo prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil para supervisar su implementación, particularmente en áreas vinculadas a derechos humanos y protección ambiental.

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