Corte de Santiago eleva a $110 millones indemnización por daño moral a víctima de prisión y tortura en dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el 26° Juzgado Civil de la capital en una causa de indemnización de perjuicios por violaciones a los derechos humanos, elevando el monto del daño moral a la suma de $110 millones, con reajustes e intereses, a favor de la demandante que fue víctima de detención, prisión y torturas durante cinco meses a partir del 31 de octubre de 1973.

El tribunal de alzada compartió los fundamentos del fallo de primera instancia para rechazar las excepciones del Fisco de Chile, especialmente aquellas relativas a que la víctima ya habría sido indemnizada mediante políticas generales de reparación y a la prescripción de la acción. En este último punto, la Corte sostuvo que no resulta aplicable el régimen de prescripción propio de las acciones patrimoniales, atendido el carácter de los hechos, calificados como atroces y contrarios a los estándares del derecho internacional, lo que justifica la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a reparar a sus víctimas.

En cuanto a la determinación del monto indemnizatorio, el tribunal indicó que deben considerarse no solo las secuelas acreditadas en el proceso, sino también elementos propios de este tipo de causas, como el tiempo transcurrido entre los hechos y la decisión judicial, la investidura de los agentes estatales involucrados, la duración de los padecimientos, la forma en que se ejecutaron, así como la edad y condiciones personales de la víctima.

En el caso concreto, se estableció que la demandante, quien tenía 19 años al momento de los hechos, fue sometida a tratos crueles e inhumanos que le provocaron graves daños físicos y psicológicos, afectando de manera permanente su desarrollo vital e interrumpiendo su proyecto de vida. Estas circunstancias fueron consideradas especialmente relevantes, junto con su condición de vulnerabilidad —incluida su pertenencia a una etnia y su edad— y el abuso de poder por parte de agentes del Estado.