"Es fácil advertir que el SERVEL modificó su argumentación".
Corte de Santiago rechaza reclamo del Servel contra resolución que le ordenó entregar información por ley de transparencia.
La resolución agrega que como se ve, solo ante esta Corte la reclamante trae a colación que la entrega en formato digital de la información respecto de la que se accedió a la solicitud resulta improcedente, no obstante que esa manera de proporcionarla nunca fue admitida por ella, ni siquiera advirtiendo la imposibilidad jurídica y material que ahora esgrime.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Electoral (Servel) en contra del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar información solicitada por ley de transparencia.
La sentencia sostiene que es fácil advertir que el SERVEL modificó su argumentación, pues solo al tiempo de interponer la presente reclamación centró su discurso de ilegalidad argumentando que el artículo 185 de la Ley 18.700 establece el estatuto de publicidad de la información del proceso y los actores respecto de quienes resulta disponible, según se regula en cada inciso de esa norma, de manera que el sistema de acceso a las copias digitales de las actas de escrutinios, según la citada disposición, se enmarca en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, que conlleva que se rija su publicidad por la Ley Orgánica Constitucional, que prescribe que los sujetos activos para solicitarla son los partidos políticos y los candidatos partícipes en el proceso. Finalmente, añade la imposibilidad de entregar las actas digitales, ante la magnitud de la información que debe procesarse, la que podría incluir datos sensibles, sin que sea el SERVEL el órgano llamado a tratarla.
La resolución agrega que como se ve, solo ante esta Corte la reclamante trae a colación que la entrega en formato digital de la información respecto de la que se accedió a la solicitud resulta improcedente, no obstante que esa manera de proporcionarla nunca fue admitida por ella, ni siquiera advirtiendo la imposibilidad jurídica y material que ahora esgrime, pues debe recordarse que se limitó tanto ante la ciudadana como en sede administrativa, a señalar que ella se encontraba a disposición del TRICEL.
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