Corte Suprema reafirma límites del control judicial frente a decisiones técnicas del TDLC

La Corte Suprema rechazó las reclamaciones deducidas por la Fiscalía Nacional Económica y determinadas empresas interesadas del mercado en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en marzo de 2025 que aprobó, con condiciones, el nuevo sistema tarifario consultado por Transbank.

El conflicto tuvo su origen en la consulta presentada por Transbank ante el TDLC, mediante la cual solicitó un pronunciamiento respecto de la conformidad con la normativa de libre competencia de un nuevo sistema tarifario aplicable a los servicios de adquirencia que presta en el mercado de medios de pago. Dicha presentación se enmarcó en el proceso de transición hacia un modelo de cuatro partes y en la implementación de un esquema de tarifas diferenciadas, lo que motivó la intervención de diversos actores del mercado, quienes formularon observaciones y cuestionamientos en relación con los posibles efectos que el nuevo sistema podría generar sobre la competencia, la estructura del mercado y las condiciones de acceso para emisores, comercios y otros participantes del sistema.

Al pronunciarse sobre la consulta, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estimó que el sistema tarifario propuesto por Transbank podía ser aprobado, siempre que se sujetara a una serie de condiciones y resguardos orientados a prevenir eventuales riesgos para la libre competencia. En su análisis, el tribunal consideró la estructura del mercado de adquirencia, el contexto de transición hacia un modelo de cuatro partes y los incentivos que el nuevo esquema tarifario generaba para los distintos actores involucrados, particularmente emisores, comercios y eventuales competidores. Sobre esa base, concluyó que, si bien el sistema consultado no resultaba en sí mismo incompatible con la normativa de libre competencia, su implementación debía quedar subordinada al cumplimiento de medidas específicas destinadas a evitar efectos exclusorios o discriminatorios, resolviendo aprobarlo con condiciones y establecer mecanismos de supervisión y ajuste orientados a resguardar el funcionamiento competitivo del mercado.

En contra de este pronunciamiento, la Fiscalía Nacional Económica y los otros actores del mercado dedujeron, por separado, recurso de reclamación.

La Fiscalía sostuvo que la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia incurría en deficiencias en la evaluación de los riesgos competitivos asociados al nuevo sistema tarifario consultado por Transbank, afirmando que las condiciones impuestas no eran suficientes para neutralizar los posibles efectos anticompetitivos del modelo. En particular, el organismo persecutor cuestionó la estructura y nivel de las tarifas aprobadas, los incentivos que éstas generarían para los distintos actores del mercado y el impacto que el esquema podría tener sobre la entrada, permanencia y viabilidad de competidores en el mercado de adquirencia. Asimismo, alegó que el TDLC habría efectuado una ponderación incorrecta o incompleta de los antecedentes económicos y regulatorios aportados durante el procedimiento, lo que, a su juicio, conducía a una aprobación que no resguardaba adecuadamente las exigencias de la normativa de libre competencia.

Por su parte, los demás actores del mercado que interpusieron reclamaciones coincidieron en cuestionar la suficiencia y eficacia de las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para resguardar la libre competencia en el mercado de adquirencia. En lo esencial, alegaron que el sistema tarifario aprobado mantenía asimetrías y distorsiones relevantes, tanto en la estructura como en el nivel de las tarifas, que podían favorecer indebidamente a Transbank y afectar los incentivos competitivos de otros participantes del mercado. Asimismo, sostuvieron que el modelo consultado podía generar barreras a la entrada y dificultades para la permanencia de competidores actuales y potenciales, impactando negativamente las condiciones de acceso para comercios y emisores. En esa línea, reprocharon que el TDLC no habría ponderado adecuadamente determinados riesgos estructurales ni las consecuencias prácticas que el nuevo esquema tarifario podría producir en el funcionamiento competitivo del mercado.