Cobros excesivos en electricidad
La CNE, las fallas de la regulación y los derechos de los usuarios de servicios públicos
El reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Energía de un error metodológico que provocó cobros excesivos en las cuentas de luz revela no solo los riesgos de fallas regulatorias en la fijación de tarifas, sino también la necesidad urgente de revisar la arquitectura institucional del servicio público eléctrico en Chile, a fin de garantizar responsabilidad efectiva del Estado y protección real para los usuarios.

Durante la semana pasada se informó a la ciudadanía que: “Durante 2024 y 2025 a los consumidores se les cobró en exceso en sus cuentas de la luz. Por un error de cálculo. Esto se reveló ayer, en un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), sobre el precio del nudo promedio, que, precisamente, valoriza las tarifas del sector. Según el documento, existió un ‘inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional’ (…) El error se originó por una duplicación del efecto inflacionario en las tarifas eléctricas” (Fuente: Emol.com).
Este reconocimiento de parte de la mencionada Comisión -autoridad competente para “analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía” (art. 6, Ley 20.402)- de un error o falla en la metodología aplicada por el Ministerio de Energía para realizar el ajuste de las tarifas eléctricas en Chile, invita a reflexionar sobre un aspecto poco tratado por los estudios jurídicos sobre la regulación económica, y que tiene que ver con las llamadas fallas de la política, y más en particular, de la regulación.
Según Martín Krause: “Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas (…) Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal” (Krause, Las Fallas de la Política, consultado en: https://www.elcato. org/las-fallas-de-la-politica)
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