Corte Suprema releva valor de presunciones judiciales y reconfigura análisis probatorio en casos de simulación contractual

Luego, el fallo se detuvo en el análisis del régimen de las presunciones judiciales, destacando que estas constituyen un medio de prueba indirecto que permite al juez inferir un hecho desconocido a partir de hechos conocidos, mediante un razonamiento lógico y racional. Precisó que, conforme al artículo 1712 del Código Civil y al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, las presunciones deben ser graves, precisas y concordantes para constituir plena prueba, aunque incluso una sola puede ser suficiente si reúne tales características, lo que refuerza su relevancia en determinados contextos probatorios.

En el contexto específico de la simulación contractual, la Corte Suprema enfatizó que la prueba de presunciones adquiere un rol central y decisivo, atendida la naturaleza misma de esta institución, en la que rara vez existe prueba directa sobre la verdadera intención de las partes. Citando doctrina, sostuvo que en estos casos la valoración de la prueba debe efectuarse con menor rigidez que en otros ámbitos, permitiendo al juez ponderar los indicios de manera más flexible y prudencial, de modo de evitar que la exigencia de prueba directa torne ilusoria la posibilidad de acreditar la simulación.

Finalmente, al aplicar estos criterios al caso concreto, el máximo Tribunal concluyó que los antecedentes establecidos en el proceso —en particular, el vínculo de parentesco entre los contratantes, el precio ostensiblemente inferior al valor de los bienes, la modalidad de pago fraccionada en múltiples cuotas supuestamente enteradas con anterioridad al contrato, la participación de una compradora menor de edad y la falta de uso efectivo del usufructo por parte del vendedor— constituían indicios que, apreciados en conjunto, reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia. Tales elementos permitían inferir razonablemente que la compraventa cuestionada no reflejaba la verdadera voluntad de las partes, evidenciando una discordancia entre lo declarado en el instrumento y el querer real de los contratantes.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema, sobre la base de los hechos asentados en el proceso, comenzó por precisar las características del contrato de compraventa celebrado el 5 de febrero de 2021, destacando que éste recayó sobre la nuda propiedad de diversos inmuebles, reservándose el vendedor el usufructo vitalicio, y fijándose un precio total de $36.500.000.-, cuya forma de pago se estructuró en múltiples cuotas, en parte supuestamente enteradas con anterioridad al acto. A partir de estos antecedentes, centró el análisis en determinar si el precio reunía los requisitos necesarios para constituir un elemento esencial de la compraventa.

En este contexto, el máximo Tribunal desarrolló el concepto jurídico del precio en la compraventa, señalando que este debe ser real y serio, en cuanto constituye el objeto de la obligación del comprador y la causa de la obligación del vendedor. Precisó que un precio es real cuando existe efectivamente como contraprestación del bien, y es serio cuando existe una verdadera intención de pagarlo y exigirlo, descartándose aquellos montos meramente simbólicos o que, atendidas las circunstancias del caso, desnaturalizan la estructura onerosa del contrato, pudiendo incluso dar lugar a la simulación.

Aplicando estos criterios al caso concreto, la Corte Suprema concluyó que el precio pactado era manifiestamente inferior al valor de los bienes, lo que, unido a otras circunstancias relevantes —como la relación de parentesco entre los contratantes, la participación de una compradora menor de edad, la modalidad de pago fragmentada y la falta de uso efectivo del usufructo por el vendedor— permitía inferir que dicho precio no era ni real ni serio. En consecuencia, estimó acreditada la simulación del contrato, al existir una discordancia entre la voluntad declarada en la escritura y la voluntad real de las partes, orientada a transferir gratuitamente los bienes.

A continuación, el máximo Tribunal determinó que la simulación era de carácter relativo, por cuanto la compraventa aparente encubría en realidad una donación irrevocable entre vivos, cuyo propósito era beneficiar a determinadas herederas en perjuicio de otras, eludiendo las normas que regulan la sucesión intestada. En tal sentido, precisó que, una vez establecida la simulación, correspondía examinar la validez del acto jurídico disimulado, distinguiendo entre la acción de simulación —de mera certeza— y la acción de nulidad, que persigue efectos jurídicos concretos.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que la donación encubierta adolecía de un vicio de nulidad absoluta, al haberse omitido la solemnidad de la insinuación exigida por el artículo 1401 del Código Civil, lo que tornaba inválido el acto jurídico realmente celebrado. En consecuencia, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y acoger la demanda, declarando la nulidad absoluta del contrato de compraventa por simulación, ordenando la cancelación de las inscripciones respectivas en el Conservador de Bienes Raíces y condenando en costas a las demandadas.

Se previno que el abogado integrante señor Valdivia concurrió a la decisión de anular la sentencia impugnada, pero por consideraciones distintas, señalando que, si bien compartía el enfoque relativo a la valoración de la prueba en materia de simulación y el análisis del material probatorio del proceso, estimaba que correspondía ejercer de oficio la facultad prevista en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, para invalidar la sentencia por un vicio de forma, consistente en la falta de consideraciones de hecho y de derecho necesarias para resolver adecuadamente el asunto controvertido.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°10624-2025, de reemplazo, Corte de Valdivia Rol N°1430-2024 y del Segundo Juzgado de Letras Civil de Osorno Rol N° C-809-2024.