Licitación municipal
Corte valida invalidación de licitación para obras de pavimentación en San Felipe
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una empresa constructora en contra de la Municipalidad de San Felipe, luego de que el municipio invalidara la adjudicación de una licitación pública destinada a ejecutar el proyecto denominado “Reposición…
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una empresa constructora en contra de la Municipalidad de San Felipe, luego de que el municipio invalidara la adjudicación de una licitación pública destinada a ejecutar el proyecto denominado “Reposición Pavimento Calle Belisario Montenegro, San Felipe”.
El conflicto se originó en el proceso de licitación convocado por la municipalidad para ejecutar dichas obras. Al término del procedimiento, el contrato fue adjudicado a la empresa recurrente mediante el Decreto Exento de 29 de mayo de 2025.
Posteriormente, el representante legal de otra empresa participante solicitó la invalidación de la adjudicación. Sostuvo que sus certificados de experiencia habían sido excluidos sin justificación y que existía un error material en la evaluación económica de las ofertas, lo que habría alterado el orden de prelación entre los participantes.
A partir de esos antecedentes, la Municipalidad de San Felipe dictó el Decreto Exento de 25 de julio de 2025 mediante el cual dejó sin efecto la adjudicación otorgada a la recurrente.
La empresa afectada presentó entonces un reclamo de ilegalidad administrativo ante la alcaldesa, el que fue rechazado mediante el Decreto de Alcaldía de 11 de septiembre de 2025.
Tras esa decisión, la empresa afectada acudió a la Corte de Apelaciones e interpuso un reclamo de ilegalidad en contra del decreto que invalidó la adjudicación. Alegó que los vicios detectados no tenían la entidad suficiente para retrotraer el procedimiento licitatorio y que la decisión municipal vulneraba principios y garantías como la certeza jurídica, la igualdad y la buena fe.
Luego de analizar los antecedentes aportados por las partes y el informe de la Fiscalía Judicial que fue de opinión de desestimar la impugnación, la Corte de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad, sin costas.
El tribunal sustentó su decisión tanto en razones formales como de fondo.
En primer lugar, advirtió que la acción no podía prosperar porque la empresa impugnó directamente el decreto que invalidó la adjudicación, pero no cuestionó la resolución posterior que rechazó su reclamo en sede administrativa, contenida en otro Decreto Exento. A juicio de la Corte, este último constituía el acto terminal que correspondía impugnar judicialmente.
En cuanto al fondo de la controversia, los sentenciadores constataron que la oferta presentada por la reclamante contenía una inconsistencia entre el presupuesto detallado y el valor total ofertado.
La Corte estimó que la Municipalidad no estaba facultada para interpretar o corregir esa diferencia, ya que hacerlo habría significado otorgar una ventaja indebida a esa empresa respecto de los demás participantes de la licitación.
El tribunal también advirtió una falta de claridad en las propias bases del concurso respecto de si el concepto de “pavimentación” incluía o no las veredas. Según la sentencia, esa ambigüedad indujo a error a los oferentes y afectó desde el inicio la igualdad de condiciones entre quienes participaron del proceso.
Finalmente, la Corte concluyó que la Municipalidad de San Felipe ejerció válidamente su potestad de invalidación conforme al artículo 53 de la Ley N°19.880, disposición que permite a la Administración dejar sin efecto actos contrarios a derecho.
El fallo estableció, además, que el municipio respetó íntegramente las exigencias legales para ejercer esa facultad, tanto en lo relativo al plazo como al otorgamiento de una audiencia previa a los interesados.
Por estas razones, la Corte de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa constructora y mantuvo vigente la decisión municipal que invalidó la adjudicación de la licitación, sin condenar en costas a la reclamante.
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