CS acogió nulidad de derecho público y ordenó la cancelación de inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos irregularmente.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que a su vez había confirmado la decisión del 28° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda de nulidad de derecho público de las Resoluciones Nº 82, 83, 84, 85 y 86 de 4 de octubre de 2013 y N° 88, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de 13 de octubre del mismo año, todas de la Dirección General de Aguas de la región de Tarapacá, las cuales son base de las inscripciones conservatorias a nombre de las sociedades demandadas.

La sentencia del máximo Tribunal señaló que la sentencia impugnada incurrió en un error de derecho, por una falsa aplicación de las normas de derecho privado relativas a la prescripción de la acción deducida, en tanto se ha aplicado una determinada regla –el artículo 2515 del Código Civil– a una situación de hecho que no es la contemplada o regulada en ella, vale decir, el error que proviene de una errada relación entre los hechos, en principio correctamente establecidos por el juzgador, y el supuesto de hecho de la norma, interpretada en forma correcta, que conduce a que se aplique una norma a un supuesto distinto al regulado por ella.

El fallo agregó que es posible advertir la existencia de un error jurídico en la decisión del conflicto que autoriza la invalidación del fallo, puesto que se reconoce la validez de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aguas, con desapego a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.017. En efecto, el ejercicio de la potestad reglada torna necesario que los órganos de la Administración deban limitarse al cumplimiento de la norma legal, ajustándose a lo previsto en la disposición normativa existente con exclusión de los márgenes de discrecionalidad, cuestión que en la especie supone que la solicitud de constitución de derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas, obligue, en primer término, a la Dirección General de Aguas a establecer si el planteamiento formulado por el peticionario, resulta ser coincidente con la hipótesis que faculta la concesión de aquellos derechos bajo un estatuto de aplicación especial que en esencia difiere del estatuto general de regular aplicación en la constitución de derechos de aprovechamiento sobre el recurso hídrico.