Iniciativa propone incorporar como causal de inhabilidad para contratar con organismos del Estado, que la persona jurídica esté integrada por profesionales de la salud sancionados por delitos contra las personas cometidos en ejercicio de la profesión médica.

La moción, patrocinada por las Diputadas Sofía Cid, Carolina Marzán y Ximena Ossandón, y los Diputados José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Sebastián Torrealba, modifica la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar como causal de inhabilidad para contratar con organismos del estado que la persona jurídica que presta los servicios esté integrada por profesionales de la salud que hayan sido sancionados penalmente por delitos contra las personas cometidos en ejercicio de la profesión médica.

El proyecto indica que el sistema de adquisición de servicios médicos a las denominadas “sociedades médicas”, vale decir, a sociedades comerciales de servicios profesionales médicos, ha ocasionado distintos problemas para la red pública de salud durante los últimos años. Añade que el origen de esta modalidad es la carencia de especialistas médicos en nuestro país, lo que termina por perjudicar la atención en la red pública, engrosando y retrasando las listas de espera, lo que es particularmente complejo cuando se trata de prestaciones que son necesitadas con urgencia, como las quirúrgicas u oncológicas.

Sin embargo, tal situación ha develado múltiples problemas e inconvenientes, ya que ha incentivado la realización de prácticas ilegales que han sido conocidas y reprendidas por Contraloría: muchos profesionales propician la generación de un déficit de especialistas en los servicios públicos mediante una suerte de colusión que crea esta demanda para el servicio de salud o el hospital, por lo que, una vez que el Estado requiere ineludiblemente la contratación de estos servicios, esta se produce a un precio elevado, mediante prácticas de contratación administrativas poco transparentes en que los mismos profesionales contratados por el servicio u hospital integran la sociedad e incluso definen la contratación; estimándose que casi un 30% de la deuda hospitalaria actual es con sociedades médicas a lo largo del país.