La ampliación de la servidumbre minera se sujeta en su tramitación al estatuto del Código de Minería y no a la normativa contenida en el Código Civil, resuelve el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional rechazó, por unanimidad, tres requerimientos de inaplicabilidad interpuestos por particulares, respecto de los artículos 109, 120, 121, 123, 124, 125, 234 y 235, todos del Código de Minería; y del artículo 8º, incisos primero, segundo, cuarto y quinto de la Ley Nº18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.

Los preceptos legales impugnados configuran el bloque jurídico que regula las servidumbres mineras, que inciden en tres demandas por ampliación de servidumbre minera seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de Illapel, y que actualmente se encuentran en conocimiento de la Corte de La Serena en sede de un recurso de hecho.

Aduce la requirente que, declarada admisible la demanda y antes de trabar la litis contestándola, interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria, afirmando que el tribunal a quo sólo podría haber arribado a la conclusión que la demanda es inadmisible, pues la servidumbre de ocupación para transportar aguas de mar se encuentra regulada por el Código Civil y no por el Código de Minería, y cuya materialización debe realizarse en un procedimiento de carácter civil, distinto al procedimiento sumarísimo minero, pues no se estaría frente a servidumbre legales mineras.