Quien recurre de protección debe señalar clara y determinadamente el acto arbitrario y/o ilegal que impugna.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que desestimó el recurso de protección interpuesto por un particular en contra de la Empresa Eléctrica de La Frontera, por cobros injustificados en el suministro de energía eléctrica, que estimó vulnerado su derecho de propiedad.

El actor expuso ser cliente de la recurrida y alegó que en las facturas de julio y julio se efectuaron cargos idénticos ascendentes a $5.200.000 aproximadamente, por una demanda máxima de potencia suministrada y leída en hora punta, pese a que la electricidad consumida es distinta en ambos períodos, lo que -a su juicio- no se ajusta al contrato que los vincula y a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°327 de 1998 del Ministerio de Minería, que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Por ello, solicitó que la recurrida realice una nueva facturación del consumo del período en controversia, con indicación de cada uno de los pagos que ha efectuado y el detalle del consumo de electricidad en un leguaje que le permitan comprenderlo, además de practicar previamente una inspección del estado del medidor de electricidad.