CS confirmó sentencia que rechazó protección deducida en contra del TC por acoger requerimiento de inaplicabilidad respecto de gestión pendiente de tutela laboral en contra de Municipalidad de San Miguel.

La Corte Suprema confirmó sentencia que rechazó protección deducida en contra del TC por acoger requerimiento de inaplicabilidad respecto de gestión pendiente de tutela laboral en contra de Municipalidad de San Miguel.

Respecto a los hechos, consta que la sentencia antes referida acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en decisión de la materia sometida a la justicia especial del trabajo, consistente en una demanda de tutela laboral deducida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en contra de la Municipalidad de esa comuna. En la causa laboral, se dictó un fallo que acogió la demanda, condenando a la demandada al pago de una suma de dinero por concepto de las indemnizaciones reclamadas. Se dedujo recurso de nulidad en su contra por la demandada, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con posterioridad el ente edilicio presentó recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. En tales condiciones, la Municipalidad dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo ante el Tribunal Constitucional, el cual fue acogido a través de la sentencia denunciada como acto ilegal y arbitrario, declarando que tales normas resultan inaplicables en la causa de unificación de jurisprudencia que conoce la Corte Suprema.

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que el recurrente pretende que esta Corte analice y resuelva si el Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho en los autos rol N° 3853-17 INA actuó fuera del marco de su competencia, cuestión que implica determinar si tal órgano puede declarar inconstitucional la interpretación de una norma legal y no el precepto mismo, sobre la base de la transgresión del principio de juridicidad que el mismo ente desarrolla. Es decir, se requiere que a través de la presente vía cautelar se determine si el tribunal se limitó a establecer la constitucionalidad del precepto o, excediendo las atribuciones entregadas en el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental, declara inconstitucional la interpretación que ha sido efectuada por los tribunales de justicia, con lo cual se inmiscuiría en una labor propia de los tribunales ordinarios.