No procede aplicar nulidad del despido cuando relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad en contra de la sentencia que, desestimando el recurso de nulidad deducido por la misma parte, acogió la demanda de declaración de existencia de relación laboral y despido injustificado, rechazando aplicar la sanción de nulidad del despido.

Señala el fallo, que no yerra la sentencia impugnada pues no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Agrega la sentencia que, si bien es indiscutible que el fallo que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, y la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral como fue reconocido por el fallo de base, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.