Comienza debate de proyecto interpretativo sobre objeción de conciencia ante requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó el análisis del proyecto que apunta a fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia que se planteó luego que se emitiera un protocolo a favor de la objeción de conciencia.

El proyecto establece que cuando estos convenios de prestaciones médicas se celebren -en especial referido a materia gineco obstétrica- se entienden incorporados al sistema nacional de servicios de salud, cuyo mandato supone el cumplimiento de las políticas públicas de protección de prestaciones de salud en la materia y asegurar el cumplimiento de los fines de servicialidad del Estado con eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas. Razonar de otro modo, argumenta el texto legal, sería legitimar una falta de servicio.

La iniciativa agrega que se debe fijar el alcance relativo a que la manifestación de la objeción de conciencia institucional conste por escrito, por quienes cuenten con facultad suficiente para el ejercicio del derecho tratándose de personas jurídicas.