Diario Constitucional

Derecho a la propia imagen.

CS acoge acción de protección por uso no autorizado de imagen en un medio de comunicación para fines publicitarios.

El medio informó que no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos por cuanto ha contratado los servicios de un publicista quien desarrolla la publicidad y propaganda de la empresa, actividad en la cual usó la fotografía, sin participación ni conocimiento del periódico. Expone que ordenó al publicista el retiro de la imagen. La Corte de…

Por Redacción·20 de diciembre de 2011·3 min de lectura
CS acoge acción de protección por uso no autorizado de imagen en un medio de comunicación para fines publicitarios.
Referencial

El medio informó que no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos por cuanto ha contratado los servicios de un publicista quien desarrolla la publicidad y propaganda de la empresa, actividad en la cual usó la fotografía, sin participación ni conocimiento del periódico. Expone que ordenó al publicista el retiro de la imagen.

La Corte de Apelaciones respectiva rechazó la acción constitucional, pero la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada.

En su fallo, razona que el derecho a la propia imagen “debe entenderse referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo”. Agrega que éste forma parte de los derechos de la personalidad, que “si bien no han merecido un tratamiento normativo determinado, según ha ocurrido con otros atributos de la personalidad, como la capacidad de goce, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil, ello no significa que lo concerniente a ese derecho en particular pueda resultar indiferente al ordenamiento, especialmente en el aspecto de su protección y amparo, bastando para ello tener presente que en las bases de nuestra institucionalidad se inscribe el principio que el Estado -y por ende su sistema normativo- debe estar al servicio de las personas”.

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