Moción extiende responsabilidad penal de personas jurídicas a ciertos delitos tributarios.

La moción de los senadores Guillier, Horvath, Ossandón, Pérez y Walker, expone que, a propósito de las deficiencias legislativas en orden a proteger, penalmente, el interés público que subyace en la actividad específica en que se desenvuelven las empresas, particularmente cuando ésta se enmarca dentro de los diversos regímenes de contratación pública y de concesiones que establece la ley, refleja una absoluta impunidad en determinadas conductas ilícitas y ausentes de ética implementadas en el seno de un núcleo reducido de empresas, que ha profundizado el sentimiento de indignación y rechazo en nuestro país.

Observa luego que la justificación constitucional del régimen concesional considera necesariamente el cumplimiento de su función social, más aun advirtiendo que la titularidad de las concesiones importa la explotación de riquezas y recursos cuya propiedad es, en definitiva, del Estado.

Enseguida, los autores de la iniciativa aducen que, a su juicio, el régimen de amparo establecido para cada una de estas concesiones, es insuficiente al momento de enfrentarse a situaciones fraudulentas o ilícitas.