Diario Constitucional

En forma unánime.

Proyecto de acuerdo solicita medidas para perfeccionar la democracia y sus instituciones.

La Cámara Alta aprobó un proyecto de acuerdo que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, una serie de medidas que permitan perfeccionar la democracia.

Por Redacción·18 de marzo de 2015·1 min de lectura
Proyecto de acuerdo solicita medidas para perfeccionar la democracia y sus instituciones.
Referencial

La Cámara Alta aprobó –por unanimidad- un proyecto de acuerdo que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, una serie de medidas que permitan «perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones, resguardando su legitimidad, dignidad e integridad de éstas y de sus integrantes».

Entre otras medidas, los parlamentarios requirieron poner suma urgencia a los proyectos de reforma constitucional o de ley, que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional; el pronto envío de un proyecto de ley que configure a los partidos como personas jurídicas de derecho público, donde se consagren los principios de probidad, publicidad, transparencia, acceso a la información pública, democracia interna, descentralización y participación; consignar un sistema de financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales de naturaleza público/privada, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido, publicitando su fuente y limitando el tope del gasto; aplicar de la ley del lobby (20.730) a los partidos políticos, para conocer las reuniones de todas las autoridades y dirigentes políticos con grupos de interés o de presión, los viajes realizados y los donativos recibidos; limitar el número de reelección de todas las autoridades, en todos los cargos de elección popular, impidiendo con ello la reelección indefinida; transformar al Servicio Electoral (Servel) en un órgano constitucional autónomo; sancionar de modo efectivo a los parlamentarios que voten o promuevan asuntos en que tengan conflictos de interés; y fortalecer la normativa e institucionalidad tributaria, con la finalidad de cerrar pasajes o intersticios, oscuros o contradictorios en el ordenamiento, y así propender a evitar prácticas como la elusión y evasión tributaria en el ámbito político.

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