Reinserción social
Proyecto de ley busca reconocer y promover el trabajo penitenciario como herramienta de reinserción social
La moción busca enfrentar la crisis del sistema penitenciario mediante la creación de plazas laborales intrapenitenciarias, la participación del sector privado y un marco regulatorio orientado a fortalecer la formación y empleabilidad de personas privadas de libertad.
La moción, ingresada bajo el Boletín Nº 17.916-07, propone reconocer el trabajo penitenciario como un derecho y un medio legítimo de reinserción social, además de promover la creación de plazas laborales al interior de los establecimientos penales mediante incentivos dirigidos al sector público y privado.
La iniciativa busca enfrentar la crisis estructural del sistema penitenciario y mejorar las oportunidades de reintegración para las personas privadas de libertad.
El proyecto expone que el sistema penitenciario chileno presenta niveles críticos de sobrepoblación y hacinamiento, alcanzando un 151% a nivel nacional y llegando a un 197% en la Región del Maule. Esta situación, sumada al alto costo mensual por persona privada de libertad y a la baja cobertura de programas formativos, ha limitado la efectividad de la reinserción y ha mantenido una tasa de reincidencia cercana al 41,5% en quienes egresan del subsistema cerrado.
La iniciativa señala que solo un 12,8% de la población penal tiene acceso a programas de formación y empleo en los Centros de Educación y Trabajo. En este contexto, se destaca la necesidad de transformar el enfoque del sistema penitenciario, fortaleciendo el trabajo como herramienta dignificadora, formativa y resocializadora, en ningún caso punitiva o forzosa.
El texto también subraya la importancia de incentivar la participación del sector privado, especialmente considerando que las pymes representan más del 97% del universo empresarial en el país. La moción recoge y reconoce la propuesta formulada originalmente por estudiantes del Colegio Inglés de Talca en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional.
En su contenido normativo, el proyecto de ley busca consagrar el trabajo penitenciario como eje fundamental de la reinserción social, estableciendo un marco regulatorio destinado a fomentar ofertas laborales dignas y suficientes dentro de los recintos penales. La propuesta reconoce la necesidad de incentivar la participación de empresas públicas y privadas mediante convenios con Gendarmería u otros programas autorizados, promoviendo la generación de oportunidades laborales intrapenitenciarias y el reconocimiento de empleadores comprometidos con la reinserción.
El articulado del proyecto establece, en primer término, que el trabajo penitenciario es un derecho y un medio legítimo de reinserción social para las personas privadas de libertad, contribuyendo a su desarrollo y dignificación conforme a los principios de justicia, equidad y no discriminación. Precisa que las actividades laborales tienen un carácter formativo, productivo y resocializador, descartando cualquier finalidad punitiva o forzosa. Su implementación deberá respetar la dignidad de las personas privadas de libertad y adecuarse a estándares nacionales e internacionales. Además, se faculta a la administración penitenciaria para promover activamente la participación de los internos en actividades laborales y de formación como parte del cumplimiento de la pena.
En materia de generación de plazas laborales, el proyecto dispone que se podrá promover y facilitar de forma activa la creación de una oferta laboral digna y progresiva dentro de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo la vinculación con empresas públicas o privadas según las capacidades, perfiles ocupacionales y condiciones personales de las personas privadas de libertad. Asimismo, se establece que las plazas laborales deberán estar preferentemente asociadas a programas de formación técnica, capacitación certificada y desarrollo de competencias orientadas a mejorar la empleabilidad posterior al cumplimiento de la condena.
El proyecto también incorpora un sistema de acreditación para las empresas colaboradoras. Los empleadores deberán acreditar mediante declaración jurada la existencia del programa de trabajo y el número de personas beneficiadas, el cumplimiento íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales, y no haber sido condenados por prácticas antisindicales ni infracciones laborales graves en los últimos doce meses. La finalidad de este sistema es promover condiciones adecuadas que incentiven la participación de más empresas en la contratación de personas privadas de libertad, fortaleciendo así los esfuerzos de reinserción social.
La iniciativa busca consolidar un modelo penitenciario en el que el trabajo constituya un pilar de desarrollo personal y social, articulando al sector público y privado en la construcción de oportunidades laborales que acompañen tanto la vida intrapenitenciaria como el retorno a la sociedad.
El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio e informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto moción Boletín Nº 17.916-07 y siga su tramitación aquí.
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