Proyecto de ley modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado para establecer una nueva inhabilidad de ingreso a la administración del Estado que afecte a abogados de imputados por delitos de narcotráfico y otros relacionados.

La iniciativa, patrocinada por los Diputados Álvaro Carter, Andrés Celis, Cristóbal Martínez, Marco Antonio Sulantay, Gastón Von Mühlenbrock y las Diputadas Marta Bravo, Camila Flores, Marlene Pérez y Natalia Romero, modifica la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el fin de atacar las posibles redes de contacto y tráfico de influencias de este tipo de delincuentes con el aparato estatal.

Los autores de la moción indican que el narcotráfico constituye una amenaza grave para la independencia de los Estados, para la democracia, la estabilidad de las naciones, la seguridad nacional y el Estado de Derecho, por lo que los Estados deben implementar medidas para combatir este flagelo.

Respecto al funcionamiento de las redes de narcotráfico, los parlamentarios describen que hay dos grupos particulares que hacen posible este tipo de organizaciones delictivas: quienes sustentan el funcionamiento de todas las actividades de producción, distribución y comercialización de los bienes ilegales, al que llaman redes de producción y tráfico de drogas, y un segundo grupo encargado de soportar todas las actividades de seguridad y corrupción que buscan la supervivencia de la organización, y garantizan el funcionamiento de la cadena productiva al margen de la ley, al que llaman redes de defensa y corrupción.