Proyecto de ley modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para exigir a los alcaldes incluir en su cuenta pública anual una relación detallada del uso de los recursos provenientes del aporte fiscal asociado al royalty minero.

La iniciativa, promovida por los diputados Jaime Araya, Bernardo Berger, Juan Fuenzalida, Jaime Mulet, Rubén Darío Oyarzo y las diputadas Joanna Pérez, Carolina Tello, Danisa Astudillo, Marta González y Javiera Morales, busca introducir un nuevo literal al artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objetivo de obligar a los alcaldes de los municipios que reciban fondos provenientes de la ley de Royalty a incluir el detalle de estos en la cuenta pública anual.

Los autores del proyecto de ley resaltan la importancia que tuvo la entrada en vigencia de la ley 21.591, que creó el nuevo sistema de royalty para la gran minería, lo que ocurrió a principios de este año, ya que la identifican como una ley que generará un gran impacto en las arcas fiscales y en la ciudadanía. Ponen de relieve que, en el marco de su tramitación, se fijaron mecanismos para beneficiar a las zonas afectadas por esta industria.

Una de las mayores innovaciones de esa legislación fue la creación de fondos de beneficio comunal y regional, los que son: El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo Puente, que va en apoyo directo de las regiones.