Salud y tránsito en código penal
Proyecto de ley propone atención preferente en salud para constatación de lesiones y alcoholemias
La iniciativa busca reducir tiempos de espera y optimizar recursos policiales, estableciendo prioridad en la atención de víctimas e imputados en centros de salud, sin afectar a pacientes en riesgo vital o urgencias médicas.
Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar el Código Procesal Penal y la Ley N°18.290, de Tránsito, con el objetivo de establecer atención preferente en los servicios de salud para la constatación de lesiones de víctimas e imputados, así como para la realización de exámenes destinados a detectar alcohol u otras sustancias psicotrópicas o estupefacientes en conductores.
La iniciativa se fundamenta en que, dentro del proceso penal, existen diligencias que necesariamente deben realizarse en establecimientos de salud, como la constatación de lesiones y la toma de muestras para determinar la presencia de alcohol o drogas en la sangre. Estas actuaciones resultan esenciales tanto para resguardar los derechos del imputado como para acreditar hechos relevantes en una investigación penal.
En el caso de la constatación de lesiones, esta se vincula directamente con la garantía establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que reconoce el derecho del imputado a no ser sometido a tratos que afecten su integridad física o psíquica. Por ello, cuando una persona es detenida y denuncia haber sido agredida, debe ser trasladada a un centro asistencial para su evaluación médica, lo que también ocurre respecto de las víctimas de delitos.
Por su parte, la normativa de tránsito contempla la realización de exámenes médicos para detectar la presencia de alcohol u otras sustancias en la sangre de conductores, especialmente en casos de conducción bajo su influencia o cuando han participado en accidentes con resultados lesivos. Estos procedimientos, que siguen protocolos del Servicio Médico Legal, pueden ejecutarse en unidades móviles, pero habitualmente se realizan en hospitales, consultorios o servicios de urgencia.
El proyecto advierte que estas diligencias implican un uso intensivo de recursos policiales, ya que funcionarios de Carabineros deben acompañar a imputados y víctimas a los centros de salud, lo que puede mantenerlos inmovilizados durante horas a la espera de atención, afectando la disponibilidad operativa tanto del personal como de los vehículos policiales.
Si bien la legislación vigente contempla cierta preferencia para la realización de estos procedimientos, se estima que esta resulta insuficiente. Por ello, la iniciativa propone establecer una atención preferente expresa, siempre resguardando la prioridad de pacientes en riesgo vital o con urgencias médicas.
En este contexto, se plantea modificar el artículo 131 del Código Procesal Penal, disponiendo que imputados y víctimas que concurran a constatar lesiones acompañados por funcionarios policiales sean atendidos con preferencia respecto de otros pacientes, salvo en situaciones de emergencia o urgencia prioritaria. Esta preferencia se limitará exclusivamente al procedimiento de constatación, ya que cualquier tratamiento posterior deberá seguir el protocolo habitual del establecimiento.
Asimismo, se propone modificar el artículo 183 de la Ley de Tránsito, estableciendo que los exámenes de alcoholemia y similares se realicen también con atención preferente, bajo las mismas condiciones de resguardo para casos de urgencia médica, reemplazando la actual obligación de adoptar medidas para agilizar la atención.
De esta manera, la iniciativa busca optimizar el uso de recursos policiales, reducir los tiempos de espera en diligencias clave del proceso penal y mejorar la eficiencia del sistema, sin afectar la atención prioritaria de pacientes en situaciones de emergencia.
Vea texto moción Boletín N°18.169-07 y siga su tramitación aquí.
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