Diario Constitucional

Moción.

Proyecto de ley que busca prorrogar el pago de obligaciones crediticias, concede el derecho a renegociar algunas de ellas y ordena la suspensión temporal de remates judiciales por la pandemia de coronavirus.

Las personas naturales y pequeñas y medianas empresas se verían beneficiadas por este proyecto.

Por Redacción·09 de abril de 2020·2 min de lectura
Proyecto de ley que busca prorrogar el pago de obligaciones crediticias, concede el derecho a renegociar algunas de ellas y ordena la suspensión temporal de remates judiciales por la pandemia de coronavirus.
Referencial

La Moción busca reducir el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía familiar, considerando el fuerte impacto social que la inminente recesión económica global significará. La mayoría de los gobiernos han aplicado medidas excepcionales para mitigar los efectos económicos que provocará la pandemia, tales como la suspensión del pago de consumos básicos, la prórroga de deudas hipotecarias e impuestos, préstamos a la mediana y pequeña empresa.

Una de las industrias que más puede afectar la situación económica de las familias chilenas es la industria del crédito, la que si bien, ha permitido que millones de personas puedan comprar viviendas, vehículos y todo tipo de productos, desde ropa hasta electrodomésticos, así como iniciar pequeños y medianos emprendimientos, ha generado un alto nivel de endeudamiento en los sectores medios y populares en nuestro país. De ahí que, para evitar un probable colapso económico de miles de familias y de las pequeñas y medianas empresas, sea necesario tomar medidas extraordinarias para ir en ayuda de las mismas.

Hasta el momento, sólo algunas entidades bancarias han ofrecido postergar el pago de los dividendos de los créditos hipotecarios, de las cuotas de los créditos de consumo, de las cuotas de leasing o deudas por tarjetas de crédito. Los bancos que han ofrecido estos beneficios otorgan entre 3 y 6 meses de gracia, pero exigen estar al día en los pagos, cobran intereses excesivos o exigen condiciones especiales, lo que implica que reducidas personas y pequeñas y medianas empresas puedan tener una real solución, ya que muchas de ellas ya arrastraban serios problemas económicos desde el estallido social de octubre de 2019.

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