Proyecto de ley regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico.

La Moción, patrocinada por la Senadora Carolina Goic, en conjunto a los Senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi, Carolina Goic y Rabindranath Quinteros, propone establecer un porcentaje máximo adicional al establecido por FONASA para los exámenes y otras prestaciones del área de la salud, ofrecidos por todas las instituciones prestadoras de atención médica, en consecuencia, ningún examen ni procedimiento medico podrá costar más de un 50% del arancel FONASA. A su vez, se establece la obligatoriedad de publicidad de estos precios, por medio de un listado que debe estar a la vista de los pacientes y que pueda ser solicitado por ellos en cualquier momento. Finalmente se crea un observatorio que tenga la función de registrar cifras estadísticas, indicadores, estudios, análisis y otros temas de interés relativos a la variación de precios de exámenes y procedimientos médicos.

El proyecto señala que es de público conocimiento que las prestaciones de salud presentan significativas diferencias dependiendo del lugar al que se acuda, haciendo notar la carencia de una regulación sobre la materia, permitiendo que cada institución de salud privada fije sus precios atendiendo a factores del mercado.

La regulación actual se encuentra en la la Resolución Exenta N° 1008 del Ministerio de Salud, que aprueba modificaciones a los aranceles de prestaciones de salud del libro II del DFL N° 1 del Ministerio de Salud. Esta resolución establece el reajuste porcentual que tendrán las prestaciones médicas para el año en curso, en modalidad libre elección de salud; paralelamente, la Resolución Exenta N°39 establece el reajuste anual en las prestaciones médicas para la modalidad atención institucional de Fonasa. Actualmente las prestadoras institucionales privadas, poseen como valor referencial de las prestaciones médicas ofrecidas el valor dado para Fonasa, sin embargo, al no haber una legislación que regule los valores de las prestaciones ofrecidas, salvo el examen P.C.R. para COVID-19 fijado en $25.000, cada institución puede establecer el precio que estime conveniente.