Probidad Administrativa.
Proyecto de ley regula situaciones de conflictos de interés de ex funcionarios de la administración del Estado.
Un 28,3% de los directores de empresas privadas con trayectoria política son ex Ministros de Estado, Subsecretarios o Directores de Presupuestos.

La moción, patrocinada por los Diputados Eric Aedo, Alejandro Bernales, Felipe Camaño, Andrés Jouannet, Luis Malla, Vlado Mirosevic, Jorge Saffirio, Sebastián Videla y las Diputadas Helia Molina y Erika Olivera, modifica la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para regular situaciones de conflicto de interés de ex funcionarios de la administración del Estado.
Los autores del proyecto de ley señalan que la Constitución establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Para dar cumplimiento a dicho mandato, indican que la normativa nacional se ha ido adaptando e incorporando paulatinamente mayores estándares de probidad y transparencia para quienes desarrollan funciones públicas. Entre dichas exigencias se encuentran los requisitos e inhabilidades para el ingreso a la administración pública, además de una serie de incompatibilidades establecidas para resguardar el interés general sobre el particular.
Explican que reviste especial relevancia el caso de la denominada “puerta giratoria”, que se refiere al hecho de que funcionarios públicos que legislan sobre una determinada área, suelen pasar, una vez dejado el servicio público, a trabajar para empresas que operan dentro de la misma área, como lobbistas, ejecutivos o miembros del directorio; y se refiere también a la situación inversa, esto es la de lobbistas o ejecutivos de empresas que pasan a ocupar un cargo en una agencia estatal llamada a supervisar o regular el sector económico propio de tales empresas.
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