Diario Constitucional

Moción.

Proyecto de reforma constitucional modifica la Carta Fundamental para crear un Consejo Judicial encargado de la formación, nombramiento y corrección disciplinaria de Ministros de Corte, Fiscales Judiciales y Jueces Letrados.

El propósito de la reforma constitucional consiste en avanzar hacia una propuesta que mejore el sistema de nombramiento de magistrados, manteniendo el principio de “frenos y contrapesos” tan característico de nuestro sistema democrático, pero sosteniendo firmemente la idea de respetar la carrera judicial, la transparencia, la probidad y la formación técnico profesional de nuestros magistrados.

Por Redacción·01 de junio de 2024·4 min de lectura
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Referencial

La iniciativa, patrocinada por los diputados Jaime Araya, Marcos Ilabaca y Raúl Soto, junto a las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini y Camila Musante, modifica la Carta Fundamental para crear un organismo constitucional, autónomo, técnico y colegiado, con el nombre de Consejo Judicial, que se encargará en forma exclusiva de la formación, función disciplinaria y nombramiento y designación de ministras y ministros de Corte, y de Fiscales Judiciales de Corte, y juezas y jueces letrados pertenecientes a los Tribunales de Justicia que integran el Poder Judicial.

Los autores de la moción señalan que, durante las últimas décadas nuestro país ha destinado enormes esfuerzos para desarrollar e instalar las bases de una nueva institucionalidad dentro de los distintos estamentos que componen los tres poderes del Estado, con el fin de robustecerlo, modernizarlo y orientarlo para enfrentar de buena manera las nuevas demandas y desafíos, tales como la transparencia, probidad y el mérito en el acceso a los cargos públicos.

Refieren que, numerosas normas se han dictado al respecto, las cuales han mejorado sustancialmente la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con el Estado, a saber: la ley 20.285, sobre acceso a la información pública; la ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses; la ley 20.955, que perfeccionó el Sistema de Alta dirección Pública, y la ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, entre otras.

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