Moción.
Proyecto de reforma constitucional modifica la Carta Fundamental para incorporar, como garantía constitucional, el derecho a la seguridad pública.
El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.

La iniciativa, patrocinada por los senadores Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Javier Macaya y David Sandoval, junto con la senadora Luz Eliana Ebensperger, modifica la Carta Fundamental para consagrar explícitamente el derecho a la seguridad pública, configurando una serie de garantías para su goce y ejercicio y, asimismo, establece su tutela en la acción constitucional de protección.
Los autores de la moción refieren que el artículo 1° de la Constitución señala que es deber del Estado brindar protección a la población y familias. A partir de esto, consideran que resulta del todo necesario establecer -explícitamente- el derecho a la seguridad pública, entendido éste como el derecho de toda persona a no ser perturbada en el libre y pleno goce y ejercicio de los demás derechos que aseguran tanto la Carta Fundamental, como la ley.
Afirman que el derecho a la seguridad pública o seguridad ciudadana nace de la necesidad de garantizar la seguridad, pues ella representa un derecho humano y condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.
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