Diario Constitucional

Primer trámite constitucional.

Proyecto de reforma constitucional modifica la Carta Fundamental para reformar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, crear el Consejo del Poder Judicial y eliminar los ministros de la Corte Suprema ajenos a la carrera judicial.

El Consejo del Poder Judicial que se crea por la reforma tendría a su cargo la designación de los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, y las demás personas que establezca la ley.

Por Redacción·25 de septiembre de 2024·4 min de lectura
Imagen: uc.cl
Referencial

La moción, patrocinada por los Diputados Miguel Ángel Becker, Andrés Celis, Eduardo Durán, Andrés Longton, Jorge Rathgeb, Hugo Rey y Frank Sauerbaum, junto a las Diputadas Camila Flores, Ximena Ossandón y Marcia Raphael, modifica la Carta Fundamental para reformar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, crear el Consejo del Poder Judicial y eliminar los ministros de la Corte Suprema ajenos a la carrera judicial.

En la exposición de motivos el proyecto de reforma constitucional refiere que desde los albores de la República el Poder Judicial se previó institucionalmente en el marco de la separación de poderes del Estado, principio que desde antaño rige a los órdenes democráticos. Adicionalmente a dicha independencia, este poder se integró también en otro principio esencial republicano, como es el de “frenos y contrapesos” o “check and balances”, por su denominación en inglés, el que dispone una interdependencia entre los distintos poderes, en múltiples ámbitos, de manera tal de que la independencia declarada no pueda ser ejercida con abuso o extralimitación, sino en sujeción a la fiscalización o cierta dependencia de alguno de los otros poderes.

Ponen de relieve que uno de los aspectos en que esta vinculación recíproca se hace manifiesta es en el mecanismo de designación de los integrantes del Poder Judicial, en relación con los jueces de instancia, Ministros de Corte de Apelaciones y Ministros de la Corte Suprema, proceso en que interviene el Poder Ejecutivo y también el Congreso Nacional, dando cuenta así de cómo la configuración de las magistraturas depende de la intervención de los otros poderes.

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