Corte de Santiago acoge reclamo y ordena a SERNAPESCA entregar información sobre antibióticos en salmoneras.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió reclamo de ilegalidad y ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar información requerida sobre el uso, cantidades y clases de antibióticos en empresas salmoneras, entre 2009 y 2013.

En su sentencia, expone el Tribunal de alzada que las razones dadas por la reclamada para denegar la información requerida, no resultan congruentes con lo que al efecto establece la normativa aplicable y que se ha transcrito. En efecto, no constituye una excepción al acceso a la información que se ha requerido, no se vislumbra cómo se afectan las empresas al entregar en forma separada antecedentes relativos a medicamentos aplicados a cultivos de salmón si ya es entregada en forma global o por agrupaciones al Servicio Nacional de Pesca, no se aprecia cómo puede tener alguna incidencia en sus actividades económicas y financieras, costos y procedimientos de producción, formas de cultivo, precios de mercado, que afecte el área comercial y productiva de esta industria. Por otra parte si así fuere, prima el interés general, conforme lo establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Cabe añadir que en el entorno de los terceros interesados, en el ámbito económico, siempre se presentarán oportunidades en la forma de recursos y nuevos mercados y también amenazas, tales como la aparición de nuevos competidores, estando ello dentro de lo que es normal en el desarrollo de la empresa. En efecto, la sustentabilidad de la empresa pasa por gestionar la competencia, proponer nuevos modelos de negocios, hacer más eficiente los costos.

En consecuencia, indica en esta parte el fallo que el rechazo contenido en la resolución impugnada, referida a la información desagregada por empresas sobre cantidades y clases de antibióticos usados por la industria de salmón de cultivo que opera en Chile, durante los años 2009 a 2013, no resulta atentatoria en forma alguna contra el ordenamiento jurídico legal constitucional antes descrito, en cuanto incide en información cuya entrega debe hacerse llegar al Servicio Nacional de Pesca, revistiendo el carácter de pública en conformidad con la Constitución Política y la Ley de Transparencia.