Fiscalización de transparencia estableció problemas de acceso a información para quienes buscan interrumpir embarazo en 3 causales.

“En 1 de cada 3 organismos prestadores de la red de salud pública, no se pudo acceder a los protocolos de atención de los organismos públicos” vinculados a la aplicación de la Ley Nº21. 030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este fue uno de los hallazgos de la fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a 107 organismos públicos vinculados al ejercicio de este derecho acorde a la normativa vigente.

Asimismo, el proceso estableció que “existirían barreras de acceso a la información sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales”, como se lee en el informe que resultó tras analizar diversos documentos públicos de hospitales autogestionados y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y entidades de la Administración Central del Estado.

En particular, se estableció respecto de los protocolos —que reúnen prácticas, procedimientos, técnicas y requisitos para cualquiera de las tres causales— éstos no están disponibles de manera permanente para quien esté interesado. Asimismo, se logró evidencia que en ninguno de los organismos fiscalizados se tuvo acceso vía página transparencia activa, cuestión que para la titular del Consejo “claramente muestra que sin acceso a información es complejo ejercer otros derechos para muchas mujeres, y que complejizan la implementación de la ley”.