Derechos Sociales: Judicialización y Activismo.

El debate por la consagración constitucional de los derechos sociales trae consigo un asunto que se ha erigido como una de las principales controversias cuando hablamos de la satisfacción de dichas garantías fundamentales, esto es, el rol que adquieren los jueces cuando fallan en esta materia interpretando directamente la Carta Magna.

Dicho fenómeno, que concibe a la Constitución como ley suprema dotada de vinculatoriedad directa sin la necesidad de atender a la normativa que la desarrolla, es conocido por la doctrina como judicialización de la política, definido por Javier Couso como aquel “proceso mediante el cual las cortes y los jueces elaboran políticas que antes eran formuladas por otras ramas del Estado, en especial por la legislatura y los ejecutivos”[1].

La mencionada problemática ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza a la hora de fijar el presupuesto estatal destinado al cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas, el cual ha visto una preocupante expansión en los últimos años. Según cifras del Observatorio Judicial y Fonasa, sólo desde el 2017, el Estado ha pasado de desembolsar 2.650 millones de pesos a 22.946 millones de pesos a causa de sentencias que lo han obligado a financiar tratamientos médicos de alto costo, aunque estos no se encuentren cubiertos por la legislación.