El mundo ha retrocedido.

No descubro ninguna novedad y, lamentablemente, se avizoraba desde hace algunos años. El sistema de post-guerra, ya no previene, ni contiene, y tampoco resuelve, los conflictos mundiales como se acordó en la Carta de las Naciones Unidas. Si bien resultaba muy difícil que en todos los casos tuviera éxito, al menos se respetaba, como norma jurídica exigible, o como una práctica internacional aceptada, donde sus transgresores, no sólo eran la excepción, sino que también arriesgaban el repudio, así como variadas sanciones, del sistema de Naciones Unidas, y en casos graves, las acciones progresivas del Consejo de Seguridad.

Conviene tenerlas presente, pues todavía están vigentes. Están previstas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (Capítulo VII, artículos 39 a 42 de la Carta). El Consejo, ejerciendo esta obligación primordial puede: acordar acciones, en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz, o actos de agresión. Comienza por, determinar su existencia, hacer recomendaciones, y decidir medidas; y para evitar que la situación se agrave, instar a las partes a cumplir aquellas provisionales, y tomar debida nota de su incumplimiento. Luego, puede decidir, si fueren inadecuadas: instar a los Miembros de la ONU, a que apliquen la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación (hoy los electrónicos), así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Si estimare que pueden ser inadecuadas, o han demostrado serlo: ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para restablecer la paz y seguridad internacionales. Vale decir, imponer la paz por la fuerza, esta vez legítima, acordada por el Consejo, y ejecutada por fuerzas militares voluntarias, a disposición.

Unas diez veces, funcionó en el pasado, pues sólo le compete al Consejo. Excepcionalmente a los Estados involucrados, como derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, ante una agresión armada ilegítima, o en casos equivalentes, según la Resolución 3314 (1974), de la Asamblea General, creada como recomendación no vinculante, pero ahora reconocida universalmente. Eso sí, bajo condiciones de proporcionalidad según la fuerza utilizada, y hasta tanto el Consejo haya tomado las medidas necesarias antedichas, pues sólo el Consejo es titular de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales (art. 51 Carta). De no ser así, el Estado que las viole, de agredido, pasa a ser a agresor, y puede ser sancionado.