La Constitución y el alza de impuestos: algunos criterios emanados del Tribunal Constitucional.

La Constitución actual establece dentro de los derechos garantizados, la igual repartición de las cargas públicas. Dichas cargas públicas pueden ser carácter personal, como por ejemplo, la realización del servicio militar obligatorio, o bien de carácter real, las cuales se refieren a aquellos gravámenes de carácter patrimonial, conformado por los tributos.

Este derecho se encuentra directamente vinculado con la igualdad ante la ley en una relación género-especie, lo que implica que cada vez que se proceda a constituir, modificar o suprimir un tributo, se debe realizar en términos equitativos entre las personas, evitando establecer discriminaciones arbitrarias. Sin embargo, este tratamiento en igualdad en materia de cargas reales, tiene una regulación especial por cuanto se establece que la repartición de los tributos se debe realizar en proporción a las rentas o en la progresión o forma que determine la ley, motivo por el cual es lícito elevar los impuestos a medida que aumente el nivel patrimonial de las personas, siempre que se trate de igual manera a aquellos que se encuentren en la misma condición.

Como es lógico, para que dicha afectación sea lícita es necesario que se realice a través de la ley, la que en el caso de nuestra Carta Fundamental, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, lo que se conoce como principio de legalidad tributaria.