Penalización de filtración de antecedentes investigativos, ¿Cómo encontrar el equilibrio?

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la filtración de antecedentes contenidos en carpetas investigativas ha puesto en entredicho la presunción de inocencia y la dignidad de imputados, víctimas y testigos. En ese contexto, el proyecto de ley que modifica el artículo 246 del Código Penal busca enviar una señal clara: acceder o divulgar ilegalmente información penal confidencial dejará de ser una falta menor para transformarse en un delito con penas de presidio e inhabilitaciones perpetuas, incluso para personas que no sean funcionarios públicos.

Hasta ahí, poco que objetar. La necesidad de proteger la reserva de las investigaciones es indiscutible. Sin embargo, la solución que se propone se enmarca en una respuesta inmediata, más cercana a la presión mediática y a hechos aislados que a un diagnóstico profundo sobre las debilidades estructurales del sistema penal.

Conviene recordar que el derecho penal debe operar como última ratio, no como una herramienta de disuasión simbólica ni, menos aún, como un instrumento de amedrentamiento. Elevar las penas a presidio y establecer inhabilitaciones absolutas y perpetuas supone un endurecimiento que, lejos de fortalecer el sistema, puede contribuir a su rigidez y a la generación de incentivos para persecuciones selectivas o uso estratégico de la acción penal.