¿Tutela o recurso de protección para los funcionarios públicos? La respuesta está en la reja del palacio.

A propósito del coloquio que organizara el Diario Constitucional y la Universidad Mayor, quedó planteada la interrogante ¿por qué Tutela y no Recurso de Protección?

Para responderla, debemos precisar que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (i) del que Chile forma parte, considerando especialmente el contenido del art. 25 de la Convención Americana, el concepto de efectividad de un recurso presenta un aspecto normativo y otro empírico. El primero de ellos -normativo- se vincula con la “idoneidad” del recurso, que representa su potencial «para establecer si se ha incurrido en una violación a los Derechos Humanos y proveer lo necesario para remediarla» y su capacidad de «dar resultados o respuestas a las violaciones de Derechos Humanos». Por su parte, el punto de vista empírico hace a las condiciones políticas e institucionales que permiten que un recurso previsto legalmente sea capaz de «cumplir con su objeto» u «obtener el resultado para el que fue concebido», por lo que un recurso no es efectivo cuando es «ilusorio».

Dicho esto, la acción del art. 20 de la Carta Política (ii) si bien posee idoneidad normativa para cautelar los derechos fundamentales de los funcionarios públicos cuando son vulnerados por el servicio del que dependen durante o con ocasión del término del vínculo, desde el punto de vista empírico no ha resultado efectivo, asunto que se resuelve frente a la regulación normativa de la acción de Tutela.