No se vulnera el derecho a la intimidad.
Video grabado por funcionario penitenciario que muestra la agresión a un convicto es una prueba válida a pesar de haber sido extraído sin su consentimiento, resuelve un tribunal argentino.
Las imágenes difundidas donde se observa a funcionarios penitenciarios en el ámbito de sus funciones en el contexto de la posible comisión de un delito contra una persona a su cargo, determina un desplazamiento del derecho a la intimidad en favor del deber estatal de investigar y sancionar la posible comisión de crímenes, máxime cuando pueden importar – como en este caso - graves violaciones de derechos humanos.
02 de octubre de 2023